El 27 de junio de 1973 se produjo el golpe de Estado en Uruguay que dió comienzo a doce años de dictadura cívico - militar.
El entonces presidente electo, integrante del Partido Colorado, Juan María Bordaberry, disolvió el Parlamento con el apoyo de las fuerzas militares y policiales.
En los años previos el país experimentó un aumento de las tensiones políticas y de acciones que se inscribían en proyectos de transformación social revolucionarias. Esos procesos se desarrollaron dando lugar a la formación de la unidad sindical, la que se concretó en la Convención Nacional de Trabajadores (1964) y también en la formación del Frente Amplio como expresión electoral unificadora de partidos y sectores de centro izquierda e izquierda (1971).
La ruptura institucional de 1973 no fue repentina, sino que fue precedida de años de una gradual crisis del sistema político, apoyado en una base social conservadora que favorecía el avance autoritario a través, de entre otras acciones, de un recurso constitucional, las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) que se transformaron en una herramienta para formas crecientes de represión sobre las manifestaciones sociales de trabajadores y estudiantes
La "lucha contra la subversión" se organizó como un proyecto autoritario de control policial - militar sobre todo espacio o colectivo percibido como enemigo del régimen. Esa visión producto de la doctrina de la seguridad nacional se extendió a través de un programa moralizador y criminalizador de la disidencia social y política. Esta doctrina fue la base también de la coordinación represiva regional conocida como Plan Cóndor, que expandió la persecución política, el secuestro, la desaparición forzada y el traslado clandestino de personas a través de las fronteras de varios países de la región.
Desde los años previos al golpe de Estado, la tortura en dependencias policiales y militares se volvió sistemática, se extendió en todo el territorio nacional y se hizo masiva. Esa práctica, junto a la prisión prolongada, se convirtieron en el principal método represivo y de control social. El Parlamento desde el año 1970 realizó informes e investigaciones de las denuncias por torturas a peones rurales, sindicalistas y militantes políticos por parte de la policía y de efectivos militares.
Las prácticas burocráticas de control, encarcelamiento y vigilancia, se constituyeron en torno a una amplia red de lugares que multiplicaban el terror en la población.
A partir del 1° de marzo de 1985 se reinstala la institucionalidad democrática y, a través de reclamos y manifestaciones populares, se logró la liberación de las y los presos políticos.
Sin embargo, las marcas del autoritarismo, así como el negacionismo sobre el accionar criminal de los agentes del autoritarismo dictatorial, los obstáculos para acceder a información de archivos de la época persisten y fortalecen discursos políticos que buscan legitimarse. Las luchas contra la impunidad continúan.
A 50 años del golpe de Estado y más de 35 de la reorganización democrática y de la alternancia de partidos en el poder, la identificación exhaustiva y sistemática de los lugares donde se materializó la represión, la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y la necesidad de avanzar en el juzgamiento de sus responsables continúan siendo temas pendientes.
Este proyecto intenta ser una herramienta más que contribuya en el camino de la memoria, la verdad y la justicia.